EDITORIAL
A pesar de no contar ya con su presencia, ni agudeza, ni sentido del humor, es fácil intuir cuál habría sido el posicionamiento de Gregorio Peces-Barba respecto de lo acontecido en Cataluña en los últimos cinco años.
Le interesaría de forma especial la perspectiva jurídica, ya que es el Derecho el que delimita la actuación de los poderes públicos a través de unos límites que se nutren de lo que identificó como la ética pública de la modernidad. Su mantenimiento es un rasgo de la dimensión de seguridad de la Constitución y los procedimientos, una parte más del funcionamiento ordinario del ordenamiento jurídico, artículo 155 incluído. Habría leído y escrito mucho sobre la pretensión de independencia de parte de la población de Cataluña pero, sin duda, lo que más habría hecho es didáctica.
La tendencia de Gregorio Peces-Barba a enseñar el Derecho con casi cualquier acontecer estaba muy presente en su conversación cotidiana y le resultaba extremadamente sencillo. Ni los ayudantes de universidad ni los catedráticos podían abstraerse de la fuerza pedagógica que compartía en desayunos, comidas y paseos. En el devenir de estos últimos años en Cataluña, en sus escritos y conversaciones habría justificado los límites a la política en el Derecho en el Derecho internacional, en el Derecho comparado, en la historia del Derecho y de las ideas políticas, en el Derecho comunitario europeo, en el Derecho constitucional español y en la ética pública de la modernidad. A sabiendas de la fuerza del Derecho en un Estado europeo en el siglo XXI, su mayor preocupación habría sido la didáctica de la ciudadanía, aquella que a largo plazo y sin apelación a los sentimientos permite a los individuos aprender a gozar de la libertad frente a la opresión, la tiranía y la manipulación. Aquella “libertad para ser libres” a la que apeló Fernando de los Ríos en Mi viaje a la Rusia sovietista.
Si bien resulta claro en los círculos profesionales jurídicos que el respeto del principio de legalidad es esencial para la democracia, como se indica en el Manifiesto de los profesores de Filosofía del Derecho y en muchos otros manifiestos y declaraciones más que se han podido leer estos últimos meses, esta es una opinión formada por expertos que en nuestros días de comunicación de masas, carece del impacto de antaño. Hoy más bien parece haber jugado un papel mucho más decisivo la fascinación injustificada; las técnicas de comunicación orientadas a avasallarnos; la sobresaturación y sobreexposición a los medios; la agitación superabundante; la fuerza de las grandes histerias colectivas, el arrobamiento entusiástico… todo ello es infinitamente mayor que la distancia crítica necesaria para poder tomar una decisión racionalizada y cabal. Máxime en un tiempo en el que la educación se tecnifica y mercantiliza, como nos avisan continuamente desde las humanidades, la apelación a los sentimientos en política es hoy demasiado común y saber zafarnos de tales argumentos una obligación ciudadana. Al igual que el El desengaño de Queirolo, que nos muestra cómo la fuerza de la razón permite deshacerse de las redes de los sentimientos, la educación para la ciudadanía y la formación en derechos humanos permite al individuo fortalecer la resistencia al avasallamiento, que se constituye en la conciencia de la propia identidad moral y a través de la distancia crítica.
De hecho, como sostuvo el propio Peces-Barba, “no representa ningún desvarío preguntarnos si nuestras sociedades están formadas realmente por ciudadanos activos, con un nivel de cultura cívica y política capaz de enjuiciar y encauzar las desviaciones de este sistema de convivencia política”. De ahí la necesidad de que los españoles tengamos las herramientas para poder formar nuestra opinión individual libremente, huir de paternalismos y utopías sabiendo que seremos responsables de nuesta suerte política. Las herramientas que proporciona la educación para la ciudadanía favorecen el análisis político crítico a favor de la objetividad, de la dignidad humana, la tolerancia, el pluralismo, la libertad y la igualdad, la capacidad de debatir, identificar y atender a los vicios, patologías y paradojas de la democracia y, en general favorecer nuestra capacidad ciudadana para decidir sobre cuestiones importantes con objetividad y neutralidad, al modo deseado por el paradigma ilustrado del ciudadano informado. Para evitar la pérdida del papel principal en política y evitar las patologías del poder “y para evitar cualquier tentación de monopolización y adoctrinamiento político no existe mejor antídoto que una educación rigurosa, plural y crítica”, como nos recuerdan con un eco fresco y presente los escritos de Peces-Barba.