Pandemia, solidaridad y ciudadanía global

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Interesa, sin duda, tratar el asunto de la restricción de las libertades con el fin de luchar contra la pandemia del virus SARS-CoV-2 o coronavirus. Pero este debate no puede hacerse obviando otro gran elemento a tener en cuenta, la educación y más concretamente la educación para la ciudadanía mundial.

La lucha contra la pandemia es mundial pero se realiza sin herramientas globales. A lo sumo, la Organización Mundial de la Salud se encarga de centralizar información y disponer de algunas funciones de coordinación útiles para los Estados. Son éstos, no obstante, quienes llevan el peso y responsabilidad de la lucha contra el virus, cada uno con sus peculiaridades y sus propias herramientas legales y culturales. China, Corea del Sur, Europea Occidental, Estados Unidos, Australia,… cada Estado dispone de un modelo económico, sanitario y productivo con el que afronta los riesgos y digiere los daños. También encontramos empresas y grandes corporaciones internacionales que apoyan la lucha, realizando donaciones económicas o de materiales. Y, por supuesto, ciudadanos de a pie que nutren y refuerzan el eje central en el que ésta se sostiene: la solidaridad.

Carteles con ánimo y esperanzas, hechos por niños.

Antes de abundar un poco más en la idea de que el principio de solidaridad se encuentra en el centro de la actuación pública y es el valor esencial a preservar, quisiera hacer referencia a sus dos valores hermanos: la libertad y la igualdad. El primero encuentra mermadas parte de sus expresiones jurídicas más habituales en los países occidentales, ya sea por las medidas de limitación de la libre circulación de las personas (Europa occidental o incluso su total eliminación en China) o por la reducción de la privacidad en Corea del Sur. El segundo encuentra nuevamente su principal y tradicional problema, el salto dado entre el deber de fomentar la universalidad de igualdad y la constatación de lo anterior con la realidad. En este sentido, el virus trata por igual a los distintos grupos de población con independencia de donde se encuentren pero ello no quiere decir que los efectos sean los mismos. Ni en términos sanitarios existe una equiparación entre sistemas de salud ricos y sistemas de salud pobres. Tampoco existe esta equiparación en términos personales, entre quienes tienen la posibilidad de quedarse en casa con sus hijos durante el confinamiento y aquellos que deben ir a trabajar por no poder hacerlo a distancia y no tienen con quién dejarles. El riesgo de infectarse tampoco es el mismo.

En cuanto a la solidaridad, habría que apuntar varias cosas. La primera es que conviene recordar que la solidaridad, en el caso de una pandemia, no es una solidaridad desinteresada. En el mundo actual, la salud es un bien común global y la falta de la misma en algún lugar tiene, como estamos viendo, consecuencias para el resto. La infección de una persona, es un riesgo para sus vecinos y allegados y, en consecuencia, un riesgo para aquellos que conforman el eslabón más débil. Como todos compartimos el mismo bien público y el mismo sistema de salud y este es limitado, es necesario proteger el eslabón más débil para que el bien público siga siendo global. Por tanto, se imponen medidas restrictivas de la libertad que tienen un alcance diferente en función del país, región o unidad administrativa competente.

Se trata pues, de entretejer las medias de restricción mirando por un lado a la eficacia de las mismas y por otro a la protección del sistema de libertades y de los bienes económicos. Esto no se equilibra en todos los discursos de la misma ya que las posiciones liberales e individualistas más extremas, abogan por tratar la pandemia como una competición por la supervivencia, en lugar de una asociación para vencerla. Otros, en el plano utilitarista, abogan por soluciones del mal menor, aun siendo vulneradoras de la noción de dignidad humana.

Desde el discurso de los derechos humanos, la solidaridad no es optativa. Debe ser el soporte de las políticas públicas y el centro de la acción pública global ya que el permitir que un área geográfica o un sector de la población no esté suficientemente protegido, supone un riesgo sistémico para el resto. Al fin y al cabo, el propio término “Pandemia” significa “el pueblo entero” y es el pueblo entero quien debe reaccionar ante la misma.

Muestra de solidaridad entre vecinos.

Japón contaba con 230 casos de personas infectadas, cuando el Primer Ministro Shinzo Abe declaró que: “seamos francos, no es posible ganar la lucha contra el virus sólo con el poder del gobierno” y, acto seguido, solicitó el apoyo de “todos y cada uno” de los japoneses para luchar contra el virus. Se tuvo claro desde el inicio que el combate contra el virus y sus efectos era responsabilidad de cada uno y que la última línea de defensa, la retaguardia, era el sistema sanitario. La primera, la higiene personal y la responsabilidad individual: el considerar aislarse no para no enfermar, sino para no propagar la enfermedad; No simplemente obedecer las órdenes del gobierno y de la administración, sino además comprenderlas, asumirlas y facilitarlas; Si nuestra posición nos hace privilegiados, refrenarse en aras de aquellos que no gozan de las mismas posibilidades; Si nuestra posición nos hace vulnerables, ser sabedores de que otros luchan a nuestro favor. Este es el esquema que ordena la solidaridad.

Este mismo esquema es el que se reproduce en España con la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo de 2020. Realiza un invitación a la población para reforzar las medidas del gobierno, so pena de sanciones por desacato de la autoridad, eso sí. Sus efectos suponen una restricción a la libertad de circulación a la vez que un patente daño económico. Todo con idea de proteger al eslabón más débil de la cadena de relaciones y sentimientos que forma nuestra sociedad. Las razones para proteger a este grupo no serán de índole exclusivamente utilitario o estratégico. La solidaridad expone además potentes razones morales para su defensa: La vida de los débiles es igualmente valiosa, aun cuando no puedan competir, ni tengan garantizado su acceso “al banquete” de R. Malthus.

El grupo fuerte, con salud suficiente para resistir la fuerza del virus, son los niños, niñas y adolescentes. Son quienes sufren las restricciones y sus consecuencias sin recibir nada inmediato a cambio. Ya tienen salud, el gran bien a la que aspira el grupo débil y han asumido el interés de un tercero como propio. ¿Lo entenderán? ¿Bastará alegar a una razón moral para justificar sus restricciones y perjuicios? O, mejor dicho, ¿podrán entender cuál es el peso de la razón moral detrás de la orden de las restricciones y los perjuicios por llegar?

Precisamente una oportunidad que se abre tras esta trágica experiencia se encuentra en este grupo de población joven, que se encuentra en edad escolar. Son a quienes habrá que explicar la situación vivida y el papel que han desempeñado con más detalle. Tendrán que racionalizar lo vivido e integrarlo en su esquema mental de comprensión del mundo. Son quienes deberán aceptarlo como parte de un deber desinteresado o simplemente no egoísta.

Es sobre todo un reto para el sistema educativo que debe hacer comprender el peso que tiene la solidaridad como fundamento de los derechos en la concepción del mundo actual. La juventud, como futuros ciudadanos globales deberán entender que la solidaridad no es una virtud individual, opcional y hallada en algunas personas. La solidaridad es una base para la acción política “para ser realizado en la sociedad, a través del Derecho”, como ya nos recordó hace mucho tiempo Gregorio Peces-Barba: “El punto de partida de la solidaridad es el reconocimiento de la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino susceptibles de resolución con intervención de los poderes públicos y de los demás”.


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